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A nivel político, el estado Belga elaboró en 2001 el
primer Plan Nacional en materia de lucha contra la violencia conyugal que
tuvo como finalidad definir una política integral de erradicación
de la violencia entre partenaires, integrando y coordinando las acciones
de múltiples sectores. Entre estos sectores se encuentran la justicia,
la policía, la salud y la educación, así como el sector
asociativo que participa en la prevención y tratamiento del problema.
El PAN se ha consolidado como una herramienta activa, que ha permitido
durante 9 años años (PANs 2004/2007/2008/2010) definir objetivos
y prioridades, y evaluar y controlar la implementación y cumplimiento
de la legislación en materia de violencia doméstica.
El Plan trata de responder a las consecuencias concretas que las víctimas
deben enfrentar una vez iniciado el camino que les permite salir de una relación
violenta priorizando la protección de las personas afectadas y de los
niños testigos. Esto se consigue brindando una adecuada ayuda psicológica,
social y financiera, así como una correcta y oportuna asistencia médica.
Por otro lado, el plan promueve un abordaje integral de la violencia, que
comprende el tratamiento y rehabilitación de los autores, ya
que esto parece indicar una alternativa eficaz para prevenir la reincidencia
en el comportamiento violento.
L’Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes tiene
a su cargo la coordinación de la problemática de violencia,
y es actualmente quien se encarga de convocar a los diferentes actores implicados
en la lucha por la erradicación de la violencia, tales como refugios,
servicios de urgencia, servicios de ayuda a víctimas, juzgados, servicios
de salud mental, centros de planificación familiar, ayuda a las víctimas
de parejas homosexuales, escucha telefónica, ayuda y responsabilización
de los autores de violencia, etc.
En septiembre de 2004 una circular relativa a la violencia conyugal, elaborada
por la autoridad del Parquet de Liège,
puso en evidencia las carencias del sistema judicial a la hora de la aplicación
de las leyes en la materia, ya que a esa fecha, el 90 % de las denuncias eran
archivadas sin seguimiento.
La circular propone a los magistrados un nuevo enfoque de la política
criminal concerniente a la violencia conyugal. La llamada Política
de Tolerancia Cero, surgida de la circular, establece que por cada denuncia
de violencia, se debe poner en marcha una acción judicial destinada
a detener la violencia y a responsabilizar al autor. Un año despues,
los resultados de la practica de tolerancia cero en Liege
fueron más que alentadores ya que solo el 25% de las denuncias fueron
archivadas.
La circular establece que la violencia conyugal debe ser tratada judicialmente
a la vez que se debe de llevar a cabo el acompañamiento inmediato de
las víctimas. Además propone el recurso sistemático a
los servicios de ayuda integral y de represión de los autores de violencia,
que deben imperativamente alejarse del domicilio conyugal y someterse a tratamiento
psico-educativo, con la finalidad de prevenir la reincidencia en el comportamiento
violento.
El 1 de marzo de 2006 una Circular Federal inspirada en la circular de Liège,
pone en marcha una directiva común a todo el sistema de justicia. Esta
directiva define a nivel federal la politica criminal de la justicia en materia
de violencia doméstica.
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